Por SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO*
La huelga del personal de seguridad del aeropuerto del Prat en Barcelona proviene, por los datos que conocemos, a pesar de la neblina y confusión que intentan trasladar algunos mass media, de que el contrato ganado por la empresa Eulen en el concurso ofertado por AENA, se logró por una reducción significativa del precio que sólo se podía conseguir reduciendo el salario de los trabajadores de ese servicio o\y la cantidad de los mismos en sus labores de vigilancia y control.
El Estatuto de los Trabajadores propicia que los trabajadores de una antigua concesionaria sean subrogados a la nueva empresa concesionaria, tras la celebración y obtención de un nuevo concurso que las administraciones hayan establecido.
En esta sucesión de empresas siempre ha habido problemas menores debido al cambio de cultura empresarial, implantación de nuevos métodos y procedimientos, etc. Y, por supuesto, los derivados de la interpretación de la nueva empresa concesionaria sobre categorías, funciones, y otros elementos contractuales. Pero lo ocurrido con la nueva concesionaria Eulen, en el aeropuerto del Prat, deriva de que la subrogación de los trabajadores se hizo con una rebaja salarial más que significativa. Cuestión que se ha repetido por ésta u otras empresas en otras concesiones.
Esto se ha podido hacer tras la contrarreforma laboral de 2012 ejecutada por el PP y sus aliados que cambió la jerarquía de los convenios colectivos, pasando del convenio sectorial como suelo normativo, a primar el convenio inferior de empresa. Esto significa que las empresas piratas quieran rebajar las condiciones contractuales de los convenios sectoriales por unos convenios de empresa o si no consiguen la rebaja por las “buenas”, unilateralmente, por las “malas”, ofrecer o dictar unas condiciones laborales esperando que los trabajadores en condiciones precarias las admitan.
La filosofía de las empresas piratas que rompen los convenios sectoriales es buscar el lucro por la pura explotación laboral. No porque estén en pérdidas, por las que podrían descolgarse temporalmente de los convenios sectoriales por causas regladas.
Esta ruptura de los convenios tuvo como antecedente un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia que ya consideró que los convenios colectivos de los trabajadores y patronales dañaban a la competencia. Esa lectura neoliberal que informa a muchos académicos y rectores económicos se compadece mal con su tibieza ante monopolios, beneficios extraordinarios, corrupción y elusión fiscal o paraísos fiscales. Los convenios colectivos responden a un reparto del valor añadido.
La solución a estas prácticas piratas está en nuestras manos y leyes. Frente a la dinámica pirata de algunos empresarios, que buscan en la externalización, las empresas de trabajo temporal, multiservicios, subcontratación, … sólo la reducción salarial y contractual de los trabajadores, se pueden modificar las normas para que se haga una realidad lo de igual trabajo, igual salario y que algunos empresarios ejerzan como tales y busquen en la diferenciación de producto y satisfacción de las necesidades de sus clientes, incorporando nuevas tecnologías o procedimientos, su plan de empresa y no un mero plan de negocio mediante la explotación laboral.
El Estatuto de los Trabajadores ya recoge ese principio de igualdad contractual por el mismo trabajo, pero hacen falta alguna norma más ante la inventiva de empresarios pirata y la dejadez de los promotores legislativos. También el proyecto de ley de contratos con las administraciones debe de recoger las cláusulas sociales, ambientales y fiscales que impidan la competencia desleal.
Por último, los gestores de lo público deben reflexionar sobre su actuación social. La política de precariedad laboral y social practicada, y nada tiene que ver con las restricciones presupuestarias, Interinos, becarios, personal temporal, etc., ha hecho que las administraciones hayan recogido rapapolvos en los tribunales europeos y la hayan convertido en el mayor contratista de precariedad.
Pero volviendo a los trabajadores de vigilancia del Prat sustituidos parcialmente por los funcionarios armados, guardia civil, ellos pueden lograr que cambien las políticas de los nuevos contratos de la administración, obligando a respetar las condiciones laborales en el servicio a concurso, de los convenios sectoriales y también, hacer más real el trabajo digno. Ojalá que cuenten con nuestro apoyo y logren éxito en nuestras reivindicaciones que, mira cómo van los tiempos, sólo pretenden quedarse como ayer.
* Santiago González Vallejo, economista. USO
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